La Comunitat registra el mayor aumento del paro
Los parados aumentaron en 126.700 personas en el segundo trimestre hasta los 4.137.500

La Comunitat Valenciana fue la autonomía de toda España donde más subió el paró en el segundo trimestre del año. En concreto, se registraron 57.500 desempleados más, un 11,71 por ciento más que el primer trimestre anterior, con lo que el número total de desempleados se sitúa en 548.700, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha hoy pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En España el paro se incrementó en 126.700 personas en este periodo, el 3,1% más que en relación al trimestre anterior, con lo que el número de desempleados se eleva a 4.137.500 y la tasa de paro repuntó cinco décimas, hasta el 17,92%, alcanzando su valor más alto en 11 años.

En los últimos 12 meses ninguna comunidad autónoma presenta un aumento en el número de ocupados. De hecho, la Comunitat figura entre las regiones con mayores descensos, junto con Cataluña (360.100 ocupados menos), Andalucía (249.100), Comunitat Valenciana (200.600), figurando la Comunidad de Madrid con una pérdida de 118.600 empleos.

Líderes en ´crímenes de odio´
El informe “Raxen” coloca a la Comunitat al frente de la actividad neonazi y fascista de España. La causa es el “poso antidemocrático” que quedó en la Transición y la “nula reacción institucional”
La Comunitat Valenciana sigue estando a la cabeza de la actividad racista, homófoba y neonazi, o lo que es lo mismo, lidera lo que las organizaciones sociales han bautizado como “crímenes de odio”. Así lo pone de manifiesto un año más el informe “Raxen” del Movimiento contra la Intolerancia, que ha contabilizado 80 casos a lo largo del año pasado. Sólo se le acercan Madrid, con 60, y Catalunya, con 40, aunque también avanzan en este peligroso terreno Castilla y León, Andalucía, Murcia, Aragón o Baleares.
En general, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, aseguró que en los últimos tiempos España vive “una ola de xenofobia importante”, una situación que no se ha notado en las últimas elecciones europeas pero que puede dejarse ver en las próximas si no se ataja a tiempo. Y si en la Comunitat Valenciana tiene una incidencia más fuerte, explica, es porque “durante la transición aquí quedó un mayor poso antidemocrático” y “no ha habido una reacción institucional”.
Ese avance del racismo se detecta en encuestas oficiales que hablan de aumento de la intolerancia hacia sudamericanos y asiáticos; del incremento hasta el 14% de jóvenes que votarían a un partido racista; o del 80% que cambiaría las leyes de inmigración para combatir la crisis.

Hechos conocidos
Pero además, existen hechos objetivos recogidos en el informe que no son la totalidad, pero que “muestran la tendencia”. De hecho, el informe enumera unos 350 casos y la estimación es que puede haber más de 4.000 en España.
El informe destaca, por ejemplo, el aumento de agresiones a homosexuales y a indigentes, como la que sufrieron Pilar y José Manuel el pasado 14 de diciembre cuando trataron que quemarlos mientras dormían en la plaza Horticultor Corset de Valencia.
También sigue habiendo “cacerías” como la desarrollada el 19 de enero de 2008 por 10 skinheads en distintos puntos de la ciudad; o agresiones directas, como la sufrida el 9 de febrero de 2008 por un antifascista de Castelló al que trataron de grabarle una esvástica en la cara.
Y han aumentado considerablemente las manifestaciones racistas y las agresiones a organizaciones sociales y políticas. En el último año ha habido pintadas y ataques a las sedes del Bloc, el Partit Comunista del País Valencià, o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Incluso una concejala del Bloc fue herida de una pedrada durante el Correllengua de Gandia.
La Comunitat Valenciana se ha permitido el lujo de acoger hasta a dirigentes neonazis internacionales, como el revisionista alemán Günter Deckert o el ex miembro de la SS Manfred Roeder, que dieron una conferencia y presentaron un libro respectivamente en la sede de Alianza Nacional de Valencia. Precisamente, la estancia de Roeder en la Comunitat mereció una denuncia del Centro Simon Wiesenthal ante el Ministerio del Interior.
De todas formas, Esteban Ibarra alertó especialmente del incremento de la actividad en internet, donde ya hay 200 páginas de carácter racista y neonazi, y del asentamiento de los grupos ultras del fútbol, que están presentes en todas las categorías.
En total, Ibarra calcula que en España hay 10.000 personas vinculadas a organizaciones neonazis y fascistas, actividad que luego en las elecciones se traducen en 60.000 votos. “Estamos acostumbrados a hablar de hechos puntuales pero la realidad es que es todo lo mismo y tenemos que verlo globalmente”, avisó Ibarra.
Especialización y cambios legales
El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, cree que el primer paso para combatir la actividad neonazi y fascista es acabar con la impunidad de los grupos que la alientan. En este sentido, denunció la pasividad de las Fuerzas de Seguridad del estado y el aliento de las administraciones públicas, sobre todo las del PP.
Por otro lado, propone medidas legales que deberían, a su juicio, acometerse de inmediato, entre ellas la creación de una Fiscalía y una unidad policial especializada en “crímenes de odio”; la prohibición de conciertos, manifestaciones y webs racistas; y una reforma del Código Penal que “afirme el delito de odio” y proteja a las víctimas como lo hace con los afectados por el terrorismo o la violencia de genero. Sólo así se evitarán males mayores, dice. josé parrilla valencia

Alerta ante la violencia del odio
El Movimiento contra la Intolerancia destaca el incremento de agresiones en la Comunidad Valenciana, que explica por la “impunidad” de sus autores

El Movimiento contra la Intolerancia presentó ayer su informe Raxen (racismo, xenofobia, neofascismo) de 2008. Lo hizo en Valencia, y no por casualidad. De los 350 incidentes violentos sucedidos en España que recoge este documento, la Comunidad Valenciana es la autonomía que cuenta con el mayor número de casos, más de 80, por delante de Madrid (60) y Cataluña (40).

Esteban Ibarra pidió un mayor compromiso institucional

Para Esteban Ibarra, responsable de esta entidad, este “preocupante” escenario no se debe a ninguna casualidad. Por un lado, está el “residuo antidemocrático latente” que dejó la transición. Por otro, la “falta de reacción institucional” que se traduce en una sensación de “impunidad”. El resultado es la actividad de grupos neofascistas, como el de la organización desmantelada en 2005 por parte de la Guardia Civil o las agresiones a inmigrantes filmadas en el barrio de Barona y colgadas en Internet.

Pero también los actos vandálicos contra grupos de izquierda y nacionalistas, como las sufridas en sedes del Bloc y otras entidades y personas, a las que se refirió en la presentación del informe Toni Gisbert, coordinador de Acció Cultural del País Valencià. Gisbert incidió en la “cobertura ideológica” que algunos violentos vinculados a la ultraderecha y el blaverismo reciben por parte de instituciones valencianas.

Pero no todo es negativo. El Movimiento contra la Intolerancia subraya la iniciativa tomada por la Fiscalía de Valencia de permitir a las víctimas de este tipo de violencia dar la dirección de la oficina de víctimas del delito como domicilio, para estar más protegidos.

Las 350 denuncias que destaca el documento son unas 150 más que las del año pasado. Esteban Ibarra, sin embargo, comentó que los incidentes y agresiones totales estimadas rebasan los 4.000 en toda España, ya que el informe sólo recoge hechos de los que ha tenido noticia el Movimiento Contra la Intolerancia. Además, el documento recoge 200 páginas web existentes de contenido fascista, decenas de conciertos de música de grupos violentos y apunta a la existencia en todo el país de unos 10.000 ultras y neonazis.

Ibarra pidió un mayor compromiso institucional en la persecución de este tipo de grupos, y reclamó un registro oficial en el que quede constancia de los delitos por odio que se comenten, así como una protección a las víctimas como frente al terrorismo.

Los vuelos en Manises caen un 20% en junio respecto a 2008
La terminal valenciana pierde casi 3.000 pasajeros al día por la crisis

La crisis barre todos los frentes. Un virus que se extiende sector por sector y en algunos con especial virulencia. Es el caso del turismo, un negocio que afronta su temporada alta en las horas más bajas. Ahora priman los medios de transporte más económicos. Y el avión no figura entre las preferencias de los turistas si existe otra alternativa.
El aeropuerto de Manises arrastra un año de caídas. Menos vuelos equivalen, por norma general, a menos turistas. Sólo durante el pasado mes de junio se operaron 7.249 aviones. La cifra incluye salidas y llegadas. El dato supone que sobre el asfalto de Manises llegaron un 20% menos de aviones que en el mismo mes de 2008.
A Alicante, cuna del turismo en la Comunitat, también le afecta la crisis, aunque aguanta el tirón con mejores datos. La caída en el Altet se redujo al 10%.
Y esto tiene un efecto demoledor en la estadística de viajeros. El aeropuerto de Manises recibió en junio 430.147 pasajeros, lo que supone una disminución respecto al mismo periodo de 2008 de un 17,8%. Casi 80.000 viajeros menos en un mes. Unos 3.000 al día.
Las instalaciones de Alicante, por su parte, registraron 895.345 pasajeros, otro descenso del 3,7%. Esta terminal acumula ya una caída de medio millón de pasajeros en lo que llevamos de año.
Aeropuertos Españoles y de Navegación Aérea (Aena) enmarcan estos datos en la desaceleración en el sector del transporte aéreo debido a la crisis económica mundial. No obstante, destaca que en junio se moderó el descenso de pasajeros en los aeropuertos españoles, ya que fue del 8,8% frente al 11,9% de mayo.
El mismo análisis se puede hacer en el ámbito valenciano. Manises sigue perdiendo pasajeros pero en menor medida que en el arranque del año. Por ejemplo, en febrero y marzo registró caídas superiores al 30%.
Ni siquiera las compañías de bajo coste, que ya transportan a la mitad de pasajeros que llegan a Manises, aguantan el tirón. Hasta abril la entrada de viajeros en la Comunitat a través de estas aerolíneas se había reducido un 23% respecto al año anterior.
En España, el aeropuerto de Madrid-Barajas volvió a situarse en junio a la cabeza con 4,2 millones de pasajeros, un 5,6% menos, seguido de Palma de Mallorca que, con 2,59 millones de pasajeros (-4,8%) desplazó de la segunda posición al aeropuerto de Barcelona-El Prat, que se situó en 2,5 millones.
El transporte de mercancías en España también registra un descenso. El volumen transportado en junio fue de 44,3 millones de kilogramos, un 22,5% menos.

La Comunitat Valenciana, la que demuestra “un mayor desprecio” por sus espacios protegidos de España

Greenpeace España denunció hoy que de 233 espacios naturales protegidos del litoral español analizados, 120 “se encuentran amenazados”, víctimas del urbanismo, las infraestructuras o la contaminación y criticó que la legislación de costas que “supuestamente” los ampara no se cumple, “debido a la pasividad de las administraciones que intentan sellar una normativa que ellos mismos crearon y de un Ministerio de Medio Ambiente que no se posiciona al respecto”.
En esta línea, en la presentación de la novena edición del informe ‘Destrucción a Toda Costa’, que tuvo lugar hoy en la sede de la organización, sus representantes alertaron de que el desarrollo inmobiliario de los últimos años ha consumido ingentes cantidades de recursos naturales “insustituibles” que va cercando al escaso territorio virgen restante. “Nuestro litoral ha asumido la cultura del cemento y se ve obligado a aguantar ese peso sin limitaciones”, advirtió el director del grupo en España, Juan López de Uralde.
“Los políticos se quieren poner medallas en sostenibilidad ambiental, pero cuando se dan cuenta de que la legislación trunca sus proyectos urbanísticos tratan de esquivarla”, se quejó. Además, criticó que la política actual de las administraciones se apoya en la urbanización de las costas y reclamó un refuerzo apreciable de la legislación y una gestión ambiental “sin excusas” que entienda la protección del litoral “como una tarea prioritaria”.

EL PEOR EJEMPLO, CABO DE GATA
Así, este informe, que recoge los diez puntos negros de la geografía costera española en lo referente a la vulneración de los derechos naturales, pone de manifiesto que la Comunidad Valenciana, Andalucía y las Islas Canarias son las comunidades autonómas que demuestran “un mayor desprecio” por sus espacios protegidos. En este sentido, refleja que el Parque de Cabo de Gata-Níjar (Almería) “constituye el peor ejemplo de destrucción de uno de los pocos parajes vírgenes que quedan en el Mediterráneo”, y es precisamente allí donde se ubica el hotel ilegal ‘El Algarrobico’.
No obstante, el primer puesto en cantidad de espacios amenazados lo ocupa la Comunidad Valenciana que, con 21 “puntos negros”, presenta varios casos de acoso urbanístico como el de ‘La Albufera’, donde municipios como El Saler, El Palmar o Sueca “siguen asfixiando al humedal”. Otro de los ejemplos que destaca el estudio es el de la Región de Murcia, que con sólo 300 kilómetros de litoral, está aplicando una reforma de la Ley del Suelo que desprotege el 64 por ciento del Parque Natural Cabo Cope-Calnegre “con la intención de construir un complejo turístico”.
Por su parte, los archipiélagos concentran “gran parte de las irregularidades” que denuncia Greenpeace. En este sentido, el grupo ecologista critica que el proyecto de puerto industrial de Granadilla de Abona (Tenerife) “refleja una grave conducta de atropello a un espacio natural”. Igualmente, señala que en Baleares estos lugares “sufren una merma diaria en sus valores naturales”, como ocurre con el proyecto de ampliación del puerto de Ibiza, que pone en peligro al Parque Natural de las Salinas.
En lo relativo ubicación de chiringuitos en las playas españolas, los portavoces de la organización reconocieron que no se trata de el aspecto “más importante del asunto” y apuntaron que “son la última consecuencia del urbanismo salvaje, creada para darle servicio”. Sin embargo, subrayaron que constituyen el “último eslabón de la cadena” y que no sirve de nada su derribo si las administraciones responsables no empiezan por tomar otras resoluciones “mucho más importantes”.
Finalmente, para los ecologistas, la conducta del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y de su titular, Elena Espinosa, “no es la adecuada, pues ni está tomando cartas en el asunto ni se espera que lo haga”. “Podría empezar por ofrecernos los datos de cuáles son las afecciones reales en el litoral, porque por el momento no lo ha hecho”, acusaron.

Sanidad
La memoria anual de la mencionada federación explicaba que, en realidad, lo que había hecho la Conselleria de Sanidad no era otra cosa que pasar la deuda de las empresas a las entidades financieras, es decir, que éstas se habían hecho cargo del endeudamiento de la Generalitat. Es una fórmula, conocida como factoring, que el Consell está ultimando con la banca para extenderla a otros sectores también acuciados por los impagos.
Fenin afirma que las proveedoras sanitarias llegaron a interponer 77 pleitos contra la Generalitat para recuperar su dinero. Otras fuentes empresariales consultadas por Levante-EMV aseguran que es práctica habitual que la Administración autonómica apure hasta el final en sus pagos a los contratistas e incluso que, en ocasiones, los adelante si el proveedor renuncia a los intereses de demora antes de acudir a los tribunales. Los impagos tienen consecuencias de todo tipo en las empresas contratistas y todas ellas son negativas. Según la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, 500 firmas proveedoras de este sector quebrarán antes de enero si se retrasa la modificación legislativa aprobada en el Congreso de los Diputados a instancias de CiU para obligar al sector público a pagar en un máximo de treinta días y a las empresas, fundamentalmente las grandes distribuidoras, en sesenta. Ese medio millar de firmas se sumaría a las 500 que han desaparecido ya por culpa de los impagos. En total, según Cepco, desaparecería el 20% de este subsector.

Liquidación
Otros efectos, según fuentes empresariales valencianas, se producen en empresas que en estos momentos estarían ya en liquidación pero que aguantan abiertas con el único objetivo de lograr cobrar de la Administración. En el mundo patronal de la Comunitat está bien asumido que la Generalitat, enormemente endeudada como consecuencia de la política de grandes eventos, entre otros motivos, padece un serio problema de liquidez, hasta el punto de formalizar sólo los contratos más imprescindibles y hacer frente al gasto corriente. No hay más. Por ello, al margen de acuerdos puntuales con la banca, como el que podría anunciar la Generalitat esta misma semana, la gran esperanza de los empresarios pasa por que se cierre un acuerdo sobre financiación autonómica que permita al Consell disponer de dinero añadido para ir pagando sus deudas.