Valencia Líder

La Comunitat lidera con Andalucía la morosidad en el pago a contratistas

(06.07.09 Levante) La Comunitat Valenciana y Andalucía son las dos autonomías señaladas como las que tienen las administraciones que más tardan en pagar a las empresas que contratan. El director general de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), Luis Rodulfo, lo expresaba con toda rotundidad en el diario económico Expansión: «Valencia y Andalucía pagan de pena». Y dijo algo más: «Hoy por hoy, la gran duda no es ya el plazo, sino si te van a pagar o no». En términos generales, Cepco calcula que su sector tarda una media de 223 días en cobrar, pero con una tendencia creciente.
En peor situación se encuentra el sector sanitario, ya que los pagos se demoran hasta 309 días en la Comunitat Valenciana, muy por encima de los 232 de la media española, si bien por debajo de los 485 de Andalucía, los 418 de Cantabria, los 401 de Baleares, los 356 de Murcia y los 330 de Castilla y León, según los datos de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Por si esto fuera poco, tal como publicó este diario el pasado 4 de junio, la Generalitat era al finalizar 2008 la Administración más morosa con este sector tras la Junta de Andalucía. Esta última acaparaba el 31,43% de la deuda total con los proveedores sanitarios, mientras que la conselleria de Sanidad valenciana atesoraba el 12,37%. Y eso que la Generalitat pagó el año pasado 225 de los 380 millones de euros que adeudaba a las empresas del sector.

Sanidad
La memoria anual de la mencionada federación explicaba que, en realidad, lo que había hecho la Conselleria de Sanidad no era otra cosa que pasar la deuda de las empresas a las entidades financieras, es decir, que éstas se habían hecho cargo del endeudamiento de la Generalitat. Es una fórmula, conocida como factoring, que el Consell está ultimando con la banca para extenderla a otros sectores también acuciados por los impagos.
Fenin afirma que las proveedoras sanitarias llegaron a interponer 77 pleitos contra la Generalitat para recuperar su dinero. Otras fuentes empresariales consultadas por Levante-EMV aseguran que es práctica habitual que la Administración autonómica apure hasta el final en sus pagos a los contratistas e incluso que, en ocasiones, los adelante si el proveedor renuncia a los intereses de demora antes de acudir a los tribunales. Los impagos tienen consecuencias de todo tipo en las empresas contratistas y todas ellas son negativas. Según la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, 500 firmas proveedoras de este sector quebrarán antes de enero si se retrasa la modificación legislativa aprobada en el Congreso de los Diputados a instancias de CiU para obligar al sector público a pagar en un máximo de treinta días y a las empresas, fundamentalmente las grandes distribuidoras, en sesenta. Ese medio millar de firmas se sumaría a las 500 que han desaparecido ya por culpa de los impagos. En total, según Cepco, desaparecería el 20% de este subsector.

Liquidación
Otros efectos, según fuentes empresariales valencianas, se producen en empresas que en estos momentos estarían ya en liquidación pero que aguantan abiertas con el único objetivo de lograr cobrar de la Administración. En el mundo patronal de la Comunitat está bien asumido que la Generalitat, enormemente endeudada como consecuencia de la política de grandes eventos, entre otros motivos, padece un serio problema de liquidez, hasta el punto de formalizar sólo los contratos más imprescindibles y hacer frente al gasto corriente. No hay más. Por ello, al margen de acuerdos puntuales con la banca, como el que podría anunciar la Generalitat esta misma semana, la gran esperanza de los empresarios pasa por que se cierre un acuerdo sobre financiación autonómica que permita al Consell disponer de dinero añadido para ir pagando sus deudas.